COMUNICADO DE PRENSA
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
25 de junio de 2019
(GREENBELT, MD) – Un juez federal en Maryland determinará si las pruebas recién descubiertas indican que hubo una intención discriminatoria inconstitucional detrás de la adición de una pregunta de ciudadanía en el Censo de 2020 después de que un tribunal de apelación aceptara hoy una solicitud de devolver el caso al tribunal de distrito.
La sentencia del Tribunal de Apelación de los EE.UU. para el Cuarto Circuit sigue a una petición de MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund) y Asian Americans Advancing Justice | AAJC (Advancing Justice | AAJC) de devolver el caso al juez de distrito estadounidense George J. Hazel, que presidió el juicio sobre la cuestión de la ciudadanía.
“El siempre endeble castillo de naipes que escuda la intención sesgada y nefasta de la administración Trump al añadir una consulta sobre ciudadanía al Censo 2020 se está derrumbando rápidamente”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF. “Esperamos presentar nuestro caso mejorado que demuestra la naturaleza ilegal de la adición tardía de la pregunta de ciudadanía, y reivindicar uno de nuestros principios constitucionales más duraderos e importantes.”
La semana pasada, Hazel indicó que creía que las pruebas recién descubiertas presentadas por MALDEF y Advancing Justice | AAJC planteaban “una cuestión sustancial” en la única demanda aún pendiente que alega que la administración Trump buscó discriminar intencionalmente a los latinos y no ciudadanos cuando actuó en 2018 para agregar una pregunta de ciudadanía al Censo.
Esa nueva evidencia mostró contactos directos entre Thomas B. Hofeller, un estratega del Partido Republicano, funcionarios del Departamento de Comercio y miembros del equipo de transición de Trump sobre la adición de la pregunta sobre la ciudadanía con el fin de cambiar el poder político a favor de los votantes blancos y lejos de los votantes hispanos. La Oficina del Censo forma parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
El juez Hazel indicó en un dictamen más extenso emitido esta semana que “resulta cada vez más difícil evitar ver lo que está cada vez más claro. A medida que se colocan más piezas del rompecabezas sobre el tapete, va tomando forma una imagen inquietante de los motivos de los responsables de la decisión.”
El Cuarto Circuito aceptó devolver el caso, pero mantiene la jurisdicción.
“Aplaudimos la decisión del Cuarto Circuito de devolver este caso al tribunal de distrito. Esto garantizará que la conducta de la Administración en torno a la adición de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo reciba una audiencia completa y justa”, dijo John C. Yang, Presidente y Director Ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice | AAJC. “Nos sentimos honrados de luchar por nuestras comunidades y garantizar que el censo esté libre de discriminación”.
El auto del tribunal de apelaciones también incluía una opinión concurrente del juez James A. Wynn, Jr. que plantea la posibilidad de dictar una medida cautelar “para evitar que la impresión del cuestionario del Censo, al menos desde la perspectiva del Gobierno, haga que el caso sea discutible”.
El gobierno ha argumentado que los formularios del censo de 2020 deben imprimirse antes del 30 de junio. Sin embargo, otros funcionarios han rebatido esa fecha, indicando un plazo hasta octubre.
MALDEF y Advancing Justice | AAJC demandaron a la administración Trump en mayo de 2018 en nombre de individuos latinos y asiáticoamericanos, nativos americanos, organizaciones sin fines de lucro de servicios sociales, asociaciones legislativas estatales, grupos de derechos civiles, organizaciones de derechos electorales y asociaciones comunitarias que se verían obligadas a desviar recursos para combatir un posible recuento insuficiente grave en sus respectivas comunidades.
El 5 de abril de 2019, Hazel dictaminó que la adición de la pregunta de ciudadanía viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Cláusula de Enumeración de la Constitución de Estados Unidos.
El tribunal, sin embargo, no llegó a estimar las alegaciones de MALDEF y Advancing Justice | AAJC de que la intención de la administración al añadir la pregunta era discriminar a los no ciudadanos y a las comunidades de color en el censo decenal, en violación de la Cláusula de Igual Protección de la Quinta Enmienda, y de que miembros de la administración conspiraron para privar a las minorías raciales de su derecho constitucional a la igualdad de representación.
MALDEF y Advancing Justice | AAJC recurrieron ante el Cuarto Circuito el 14 de abril, impugnando la decisión de Hazel sobre la cuestión de si el motivo para añadir la pregunta sobre la ciudadanía era inconstitucionalmente discriminatorio.
Los datos del censo son cruciales para asignar escaños en el Congreso, trazar distritos electorales precisos y garantizar una distribución equitativa de los fondos federales destinados a una amplia gama de programas vitales.
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